Casos de abuso sexual a menores son obstaculizados en Querétaro
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La machósfera se organiza en México y va ganando adeptos entre grupos de mujeres como el colectivo Equidad y justicia de Querétaro, que defiende a pederastas y agresores vinculados a procesos judiciales, argumentando que son “denuncias falsas”.
Este grupo está encabezado por Clara Eugenia Aguayo Bocanegra, hermana de Guadalupe Iván, vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado contra su hijo de nueve años. La vicepresidenta del colectivo es Ángeles Silva Sánchez, novia del agresor.
La asociación nació en 2025 después de dos años del inicio del proceso penal contra Aguayo Bocanegra. Entre sus exigencias, está la creación de una Fiscalía Especializada para Hombres y una Secretaría del Hombre. También impulsan una iniciativa contra las “denuncias falsas” con el fin de endurecer las sanciones penales.
Equidad y justicia mantiene vínculos con la machósfera, definida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), como la misoginia en línea y cuyo objetivo es oponerse al feminismo y presentarse como “víctimas” del actual sistema de justicia. En México, la encabezan las organizaciones Soy papá no criminal, dirigida en Querétaro por Aguayo Bocanegra, Niños con MaPa, No más hijos rehenes y Colectivo de Mujeres por la Igualdad, entre otros.
Actualmente, este colectivo intenta que se apruebe la ley Alberto para sancionar las denuncias falsas, en honor a un maestro que dicen fue acusado falsamente y luego se suicidó.
“También a los niños”
El 20 de enero 2023, Noemí Morales denunció a Guadalupe Iván Aguayo Bocanegra, luego de comprobar las agresiones sexuales y físicas contra el hijo de ambos, NRM, de nueve años.
“Le reclamé y me amenazó, pero le dije: ‘no vas a volver a ver al niño nunca más en tu vida’. Luego lo denuncié. Ha sido un proceso de cuatro años muy difícil. Uno piensa que estas agresiones sexuales le pasan sólo a las niñas y no a los niños”, dice en entrevista con La Jornada.
Noemí le hizo la prueba de ADN a su hijo cuando tenía siete años a petición del padre. Y fue a partir de ese momento que empezaron a convivir. Al principio, Aguayo Bocanegra, quien trabaja como nutriólogo y entrenador físico, visitaba al niño y convivía pocas horas, pero luego el pequeño pidió verlo más y su mamá autorizó que se quedara en casa de su padre, de lunes a jueves.
Al pasar los meses, Noemí empezó a ver comportamientos extraños de su hijo, quien además subió de peso: “cuando venía dormía vestido, algo que antes no hacía. Le vi marcas de golpes en sus brazos. Y me dijo que su papá lo golpeaba con el cable de la computadora”.
Un día, el padre del niño le llamó por teléfono: “tu pinche escuincle se acaba de orinar con el pantalón puesto”. El hecho le pareció extraño, ya que dice que nunca había ocurrido. Noemí se animó a preguntarle: “hijo, ¿alguna vez Iván te ha tocado?”.
Fue entonces cuando el niño fue narrando lo que ocurría. Le contó que su papá se paseaba por la casa completamente desnudo y que una vez lo metió al cuarto donde atendía a sus pacientes y le obligó a ponerle un parche en la vagina a una paciente desnuda para supuestamente aliviarle el dolor muscular. Además, le dijo que en ese cuarto escuchaba gemidos y que en una ocasión su papá lo vio al salir y le dijo: “¿por qué estas aquí oyendo? Eres un pinche morboso”.
El niño contó también que su papá se la pasaba hablándole de penes y vaginas: “me narró que su papá le picaba el ano, que le metía la mano en el calzón para tocarle el pene, y que una vez le preguntó: ‘¿te gusta?’ El niño no supo qué decir, pero al siguiente día su papá le dijo que era un ‘pinche puto gay’”.
Diagnósticos y exámenes
Noemí cuenta que el niño siempre tenía mucho sueño, por eso cree que su padre lo drogaba: “mi hijo dice que siempre tenía mucho sueño. Luego me contó que una vez amaneció con el pantalón bajado. En cuanto me enteré del abuso sexual en 2023 me fui a la fiscalía a denunciarlo y hablar por mi hijo. Y desde entonces seguimos luchando por justicia”.
La carpeta de investigación CI/QRO/2615/2023, a la que ha tenido acceso La Jornada, incluye cuatro informes: un diagnóstico clínico del abuso sexual, un peritaje de la fiscalía, un informe de victimología de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Querétaro y un peritaje privado.
En los cuatro informes distintos especialistas confirmaron la violencia sexual y familiar que vivió el niño por parte de su padre.
Aguayo Bocanegra pospuso en tres ocasiones la audiencia inicial para retrasar el proceso judicial. Finalmente, después de tres años, el juez emitió una orden de aprehensión y la vinculación a proceso por abuso sexual agravado, aunque tiene medidas cautelares para estar libre.
El imputado intentó quitarle la guarda y custodia del niño acudiendo al DIF, a donde se presentó para decir que estaba preocupado por el bienestar del menor y por su alimentación, aunque no tuvo éxito.
“Pido justicia al Poder Judicial de Querétaro. Hay una orden de aprehensión, pero el agresor está protegido por el colectivo Equidad y justicia. Su hermana está haciendo mucha publicidad a su favor a pesar de que saben que abusó de su hijo. ¿Cómo es posible que lo defiendan? Después de esto, ya no tenemos una vida normal. Me ha afectado mucho, duermo poco”.
Delito infame
El colectivo Equidad y justicia defiende también a Luis N, cuya carpeta de investigación CI/QRO/13572/2025 es por el delito de abuso sexual infantil agravado contra la niña MJBG de cinco años. El agresor se encuentra en la cárcel, aunque apeló, pero el juez decidió mantenerlo en prisión preventiva.
Los hechos ocurrieron en febrero del año pasado. El agresor era pareja de la abuela de la niña: “en este caso hubo varias anomalías de la fiscalía porque no se siguieron los protocolos con la niña, a quien no le videograban la entrevista. Y posteriormente se hace un peritaje por parte del criminólogo de este colectivo, Daniel Arnold Guido, quien concluye que el delito se fabricó y era una denuncia falsa y se estaba acusado a un inocente”, dice en entrevista Viridiana Carrillo Luna, sicóloga del caso.
Cuenta que el abogado del imputado, Jorge Montoya Rodríguez criminalizó el relato de la víctima: “ellos, en una entrevista a un medio local revelan los datos de la carpeta de investigación, algo que es muy grave. La niña vivía en el mismo domicilio que el imputado. Nos dimos cuenta de que no fue sólo en una ocasión sino que existen otras ocasiones en las que la niña sufrió el abuso sexual”.
La mamá se dio cuenta de que algo andaba mal cuando la abuela le dijo: “tengo problemas con Luis por culpa de la niña”.
“La abuela como que ya se había dado cuenta. Cuando sucedieron los hechos declaró lo que pasó y lo que le dijo la niña. Y meses después, la abuela declara diciendo que no era cierto lo que dijo, retractándose de la primera testimonial. Y de ahí se agarran los defensores del agresor.”
Consideró que el colectivo que defiende a los agresores trabaja para hacer un contrapeso frente a las denuncias y sentencias: “defienden a los hombres para también contrarrestar los logros que han tenido los grupos feministas. Ellos mismos se identifican como antifeministas. Tratan de restarle valor a la declaración de una mujer. Eso nos retrasa las medidas de protección. Argumentan que las denuncias son falsas y eso deja a las víctimas más vulnerables. El piso no está parejo, el piso está muy abajo para las víctimas porque el agresor tiene la presunción de inocencia, mientras la víctima tiene que aportar muchísimas pruebas y pasar procesos muy revictimizantes”.
Es por eso que Viridiana afirma que el estado a veces se convierte en un tercer agresor porque a niños abusados sexualmente se les somete a un proceso judicial agresivo: “eso les genera un trauma gravísimo que nadie ve. Tienen que declarar ante fiscalía, luego con el perito, después con un médico forense. Todo eso provoca que vuelvan a vivir la violación que sufrieron. ¿Cuántas veces tiene que revivir un niño todo el daño que le hicieron?”.
Violentadores victimizados
Otro de los casos judiciales retomados por este colectivo para defender al agresor, es el del sicólogo Eliot Gutiérrez Téllez, investigado por el delito de violación equiparada contra AIBG, cuando la menor tenía entre 11 y 13 años, bajo la carpeta de investigación CI/QRO/37188/2020. El agresor era pareja de la mamá entre 2015 y 2019. El juez lo sentenció a 21 años y en segunda instancia lo condenó a 56 años de prisión, aunque actualmente está libre con brazalete electrónico porque apeló.
El colectivo Equidad y justicia también asume la defensa de agresores de violencia de género y política. Es el caso de Juan Manuel Urquiza Trejo, denunciado por Carolina Íñiguez Vargas, funcionaria del Congreso de Querétaro, por violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia política y violen-cia vicaria.
Ambos participan en Movimiento Ciudadano con distintas responsabilidades: “me separé porque es muy agresivo. Cuando ya no quise regresar con él, me amenazó y me hizo una página falsa de Facebook con desnudos e imágenes feas con fotografías mías. Ahí me di cuenta de lo que era capaz de hacer este sujeto”.
Carolina ha sufrido la impunidad que cubre a los agresores y sobretodo la inaudita defensa que este colectivo ha hecho de ellos en conferencias de prensa: “los agresores se hacen pasar por víctimas. A pesar de todos los indicios que tengo de denuncias y sentencias firmes, todavía van y se hacen las víctimas públicamente con todo el cinismo”.
Dice que se han unido un grupo de organizaciones de mujeres para evitar que haya regresión en las conquistas sociales ganadas: “Ahora los agresores se colocan a las faldas de estas mujeres para seguir cometiendo violencia. Es muy grave. Es urgente que el Estado intervenga”.
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