Dan dos años de prisión a ladrón de vivienda en Querétaro

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La Fiscalía General del Estado de Querétaro logró una sentencia condenatoria mediante un procedimiento abreviado en contra de Luis Antonio "N" por el delito de robo a casa habitación cometido en el fraccionamiento Altozano. De acuerdo con la investigación ministerial, el fallo judicial deriva de los hechos ocurridos a finales de 2024 dentro del municipio de Querétaro, donde el imputado participó en el atraco a una vivienda para sustraer efectivo y diversos bienes.

Investigación y recuperación de objetos sustraídos

Las investigaciones establecieron que el 29 de diciembre de 2024, el ahora sentenciado ingresó en compañía de otras personas a un inmueble situado en el Condominio Volcán de la zona residencial de Altozano. En el lugar, el grupo se apoderó de dinero en efectivo, bicicletas guardadas en una bodega y múltiples objetos de valor. Para huir con los bienes, los involucrados utilizaron la parte posterior de la propiedad con dirección a una zona de cerros adyacente.

Tras recibir la denuncia de la persona afectada, la Policía de Investigación del Delito efectuó el análisis digital de las videograbaciones del circuito cerrado que registraron el hecho. Asimismo, se llevaron a cabo diligencias de reconocimiento con la víctima, lo que permitió identificar a los participantes y obtener dos órdenes de aprehensión ligadas al caso. Las acciones policiales derivaron en la localización y recuperación de las pertenencias sustraídas.

Resolución judicial y condena impuesta

Durante la audiencia del procedimiento abreviado efectuada el 17 de julio de 2026, Luis Antonio "N" aceptó formalmente su responsabilidad penal en el delito imputado. Ante la admisión de los hechos, el juez de la causa dictó la sentencia condenatoria imponiéndole una pena de dos años de prisión, el pago de una multa económica y la reparación integral del daño causado a la víctima.

La resolución judicial ordenó además la devolución definitiva de los bienes recuperados a su propietario original. Como parte de la condena, la autoridad correspondiente determinó la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado, así como una amonestación en privado.