Denuncian red de despojo de tierras; ligan al exgobernador Francisco Domínguez en Querétaro
- 11 ago
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Familia afectada denuncia esquema que ha incluido el engaño y la manipulación de personas de la tercera edad para arrebatarles sus tierras, así como fabricación de delitos; acusan complicidad con la fiscalía estatal
La familia Urquiza Fernández denunció formalmente la existencia de una presunta red de despojo patrimonial que involucra al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. El esquema denunciado habría resultado en la apropiación de 269 hectáreas, correspondientes a dos ranchos y derechos de agua en el municipio de Huimilpan.
De acuerdo con las declaraciones de Pamela Urquiza y el abogado de la familia, Rodrigo Madero, la operación se realiza a través de la empresa MFJ Campestre, S.A. de C.V., una entidad constituida con un capital de 100 mil pesos y vinculada directamente al exmandatario. El método consistiría en la firma de contratos de fideicomiso con cláusulas calificadas como abusivas, mediante las cuales la empresa busca asumir el control total de los predios y obtener hasta el 80% de las utilidades, desplazando a los propietarios originales.
Los afectados señalaron que el esquema ha incluido el engaño y la manipulación de personas de la tercera edad. Un integrante de la familia relató que su abuela fue inducida a aportar sus tierras a un fideicomiso público bajo condiciones desfavorables.
"Cuidado de esto, ha habido abuso, manipulación de personas de tercera edad, dígase mi abuela, a quien han engañado y a quien ya le quitaron su predio que está junto al nuestro, porque ella aportó a un fideicomiso, engañada, estas tierras y como ya vimos el fideicomiso, pues es público, es muy leonino, convirtieron un tema civil en tema penal para perseguirnos, para inventar carpetas de investigación en contra nuestra y lo hacen en contra de particulares que tienen inmuebles para arrancárselos”, indicó Pamela Urquiza.
La denuncia señala la presunta complicidad de la Fiscalía General del Estado, actualmente encabezada por Víctor Antonio de Jesús Hernández. En la denuncia se acusa a la institución de utilizar el aparato de procuración de justicia para criminalizar litigios que deberían ser de carácter civil.
Entre las acciones de presión reportadas se encuentran la apertura de carpetas de investigación, como la QRO/30535/2023; la ejecución de cateos considerados desproporcionados entre finales de 2025 y principios de 2026; la emisión de órdenes de aprehensión que obligaron a un miembro de la familia a salir del país; y la imposición de medidas cautelares excesivas, como la prohibición de salir del estado para otros integrantes de la familia.
Situación judicial y alcance nacional
A pesar de los procesos locales, la Justicia Federal emitió un fallo a favor de las víctimas. Un Tribunal Colegiado concedió un amparo a Pamela y Julián Urquiza, invalidando su vinculación a proceso al ratificar la legalidad de la donación de sus tierras. No obstante, los denunciantes aseguran que la fiscalía local ha intentado retomar las imputaciones sin variar los hechos.
El caso ha sido elevado a la Presidencia de la República bajo el folio SACP20260211000003968. La familia Urquiza Fernández comparó esta estructura con el denominado "Cártel Inmobiliario" de la Ciudad de México y ha señalado que la actual administración estatal, encabezada por Mauricio Kuri Hernández, mantiene cercanía con la estructura operativa del exgobernador Domínguez. Actualmente, se encuentran en trámite diversos amparos y el juicio civil 1809/2023 sobre la nulidad de la donación de los predios.
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