Hacienda proyecta recaudar 41 mil mdp con impuestos a bebidas azucaradas y tabaco
- P Pastrana
- 10 sept
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Los “impuestos saludables” propuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Iniciativa Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año dejarán aproximadamente 41 mil millones de pesos y serán totalmente destinados al presupuesto en Salud, aseguraron los funcionarios de la dependencia en conferencia de prensa.
Sin evidenciar algún método concreto para darle trazabilidad a estos recursos y que lleguen a un fondo de salud –como anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo horas antes– tanto el secretario del ramo, Édgar Amador Zamora, como la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, explicaron que estos recursos se verán reflejado en el presupuesto para toda la función salud.
No obstante, “la instrucción de la presidenta es muy clara. Quiere que se establezca con toda claridad y que podamos estar informando en los cortes que se hacen trimestrales de cuánto se ha recaudado y cuánto hemos llevado hacia el gasto en salud”, detalló Gómez Castro.
Amplió que más allá del presupuesto para el ramo, toda la función Salud va a pasar de contar con 881 mil 460 millones de pesos en 2025 a 965 mil 663 millones el año que viene.
Prácticamente la mitad de este incremento nominal por 84 mil 203 millones de pesos se debe al aumento a las tasas de impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se anticipan para bebidas azucaradas, con edulcorantes y tabaco.
Un día antes, Hacienda envió el Paquete Económico al Congreso en el que propone “incrementar la cuota a 3.0818 pesos por litro de producto (en bebidas saborizadas), incluyendo aquellas que contienen cualquier tipo de azúcares no calóricos”. En cigarros, el aumento de IEPS sería de entre 160 y 200 por ciento, en tabacos hechos a mano, de 32 por ciento; pero también se busca gravar otros productos que contienen nicotina, como las “bolsas de nicotina”.
En conferencia de prensa, el secretario Édgar Amador Zamora sostuvo que más allá de números, esta propuesta se incluye como parte de un “presupuesto humanista” que busca más una estrategia integral de salud. El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera reconoció que este tipo de gravámenes en México no han tenido “resultados muy claros en el consumo” –como se deriva de la reforma de 2014–, lo que sí se ha observado es cómo se disparó el costo en salud para las enfermedades asociadas con la ingesta de estos productos y que se estiman en 116 mil millones de pesos por años, señaló.
A ello se suma el impuesto de 8 por ciento ad valorem a videojuegos, “violentos, ¡ojo!”, enfatizó el secretario Amador Zamora, que dejaría al menos 183 millones de pesos.
Por otro lado, Amador Zamora explicó que el acotar el beneficio fiscal que tienen los bancos para recibir reintegros por las aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) –heredero del rescate bancario de los noventa– atienden a una homologación con respecto a estándares internacionales, como en Estados Unidos y Canadá, donde este tipo de cuotas no son deducibles. “No será heterogéneo respecto de lo hay en otras jurisdicciones”.
Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reiteró que por esta medida de reducir beneficios se prevén alrededor de 10 mil millones de pesos anuales. Este beneficio fiscal sólo es parte de lo redituable que han resultado los bonos IPAB (bit.ly/4gq2jZa).
Martínez Dagnino agregó que como parte del incentivo a la repatriación de capitales aún no se tiene un estimado concreto de cuánto se captaría, la última vez que hubo este tipo de programa, hace casi una década, se captaron 380 mil millones de pesos.
“Solamente acotar, no es una amnistía fiscal el tema de repatriación. De hecho, la tasa en ese momento cuando se dio fue del 8 por ciento. Ahora la pasaba a ser de 15 y los candados que estamos poniendo son mayores”, enfatizó Dagnino, quien también puntualizó que todo lo propuesto en el paquete económico pasó por los abogados de la Secretaría de Hacienda, de la Procuraduría Fiscal, del SAT y “todas las medidas cumplen con los parámetros constitucionales”.
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