Imputará FGR desvíos en UAQ con Gilberto
- P Pastrana
- 16 oct
- 3 Min. de lectura
Todos los implicados con 320 mdp faltantes trabajaron con el actual diputado federal; si no van, serán prófugos
El ministerio público federal alista la imputación contra 14 exfuncionarios la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), durante el periodo en el que estuvo al frente el actual diputado federal por Morena, Gilberto Herrera Ruiz, en el caso de la llamada “Estafa Maestra Universitaria” por el presunto desvío de más de 320 millones de pesos. Deberán presentarse este viernes o de lo contrario serán declarados “sustraídos de la justicia”.
De acuerdo con documentos en poder de Diario de Querétaro, a los ex integrantes del primer círculo de colaboradores del entonces rector Herrera Ruiz se les sigue la causa penal 308/2025 en la que se investigan hechos posiblemente constitutivos de delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares relacionados con la corrupción.
En oficio del 10 de octubre de 2025, se da cuenta de los pedimentos FEDHCSA-A-EILLIII-C3-136/2025 y FEDHCSA-A-EILLIII-C3-136/2025 firmados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial en Delitos por Hechos de Corrupción Relacionados con el Sistema Financiero y Área de Riesgo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, vinculados con la causa contra los empleados de la Máxima Casa de estudios queretana.
“Con el primero solicita audiencia inicial para formular imputación respecto a los investigados (…) por los hechos posiblemente constitutivos de “delito del título décimo y de demás previstos del Código Penal Federal”, señala.
Los exfuncionarios vinculados a la causa penal son Alonso “N”, exresponsable de Proyectos de Tecnologías de la Información; Óscar “N”, exabogado general de la UAQ; Rosalba “N”, quien fue secretaria de la Contraloría y vocal del Comité de Adquisiciones; Eusebio “N”, exdirector de Vinculación Tecnológica y Proyectos Especiales; Edgar Arturo “N”, exdirector de Ingresos y Tesorería.
Además de Víctor “N”, Leticia del Carmen “N”, Ana Gabriela “N”, Edgar Gabriel “N”, Sergio Manuel “N”, Francisco Javier “N”, Roberto “N”, Rigoberto “N” y Martha “N”.
Todos ellos, señala la citación judicial, deberán comparecer este viernes a las 09:42 horas en la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal federal ubicado en Jaime Nunó 175, colonia Chalma de Guadalupe, Cuautepec Barrio bajo, alcaldía Gustavo A, Madero, de la Ciudad de México, a un costado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Por ello se les apercibe a estar presentes por lo menos con 30 minutos de anticipación, y de no comparecer o informar oportunamente el impedimento para hacerlo se les aplicará una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s).
Pero también, “en caso de inasistencia sin causa justificada por su parte, podrá ser declarado por el Juez de Control sustraído de la acción de la justicia”.
El caso de la “Estafa Maestra Universitaria” se derivó de la denuncia ante la FGR del 2 de diciembre de 2020, después de que el excontralor universitario, José Alejandro Ramírez Reséndiz, con un dictamen de despacho de auditoría externo a la máxima casa de estudios, detectó y documentó diversas irregularidades en el manejo de recursos.
La denuncia corresponde al folio FED/FECC/FECCQRO/0000765/2020, presentada por el excolaborador del actual diputado federal por Morena ante la FGR, en la que se acusa la existencia de un esquema de pagos a terceros por la prestación de servicios que no se reflejaban en los proyectos de la universidad.
Según las investigaciones preliminares, se habrían utilizado convenios con diversas instituciones y simulando prestaciones de servicios, para lograr el cometido de desviar el recurso, que habrían salido de programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En enero, el excontralor universitario había explicado que, como parte de su labor de fiscalización, llevó a cabo una auditoría al manejo de los recursos correspondientes a la administración pasada (2012-2018), y ahí se identificaron indicios de posibles delitos relacionados con el uso y la distribución de los fondos.
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