Por fin recibe el Congreso la iniciativa antiextorsión
- P Pastrana
- hace 2 días
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El Poder Ejecutivo envió ayer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer el combate a la extorsión y hacer de ésta un delito de alto impacto.
La propuesta presidencial plantea modificar el artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para que, en un plazo de 180 días, elabore una ley general que homologue el tipo penal y las sanciones aplicables por la comisión de este delito, dada la diversidad normativa existente en el país.
Señala que actualmente los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de cuatro años con seis meses y 12 años como máxima, aunque en Oaxaca va de uno a tres años y en Chihuahua oscila entre cinco y 30.
En algunos estados, como Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, el rango de multas por el ilícito se ubica entre 36 mil y 86 mil pesos. Mientras, en Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Morelos, Tabasco y Tamaulipas va de 77 mil hasta 130 mil. En la Ciudad de México oscilan de 226 mil a 340 mil, en tanto en Coahuila, va de 345 mil a 691 mil pesos.
El documento reconoce que la extorsión es un ilícito de alto impacto cuya prevención y combate ha sido insuficiente en todos los órdenes de gobierno. Enfrentarlo implica concebirlo no como una conducta menor que únicamente afecta la seguridad de los individuos, sino de la colectividad.
En la exposición de motivos se menciona que este delito ha sido recurrentemente utilizado como un modo de operar de la delincuencia organizada para tener ingresos económicos considerables, lo que provoca que su repercusión no sea resentida únicamente por sus víctimas directas, sino también por la ciudadanía en general, ya que se expande a diversos ámbitos y sectores de la sociedad cuando se extorsiona a empresas, negocios y establecimientos para fijar condiciones de mercado a través de amenazas a comerciantes y empresarios involucrados en las cadenas económicas.
Agrega que el crimen organizado incluso ha amenazado a funcionarios públicos con la intención de coaccionar a las instituciones que representan. De esta forma, emplean la extorsión como una vía para la realización de otras conductas ilícitas aprovechándose de los servicios públicos a cargo del Estado.
La iniciativa señala que la incidencia del delito es de tal gravedad, que en 2018 se registro una tasa diaria de 18.89 amenazas, mientras en enero de 2025 se tuvo un promedio de 29.77, lo que representa un incremento de 57.62 por ciento en seis años.
Los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron 61.8 por ciento de las víctimas de este ilícito en 2024 y en enero de 2025, sólo el primero acumuló 33.1 por ciento, se apunta en el documento.
En los artículos transitorios, se otorga al Congreso un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional para emitir la ley secundaria en esta materia.
Se contempla que dicha normatividad debe fortalecer, de manera homogeneizada, las concurrencias de atribuciones entre la Federación y las entidades federativas, proporcionar a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno un marco que permita contar con mayor capacidad de respuesta ante las necesidades actuales en cuanto a la regulación de este delito, así como los daños y las afectaciones a las víctimas.
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