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Rocha Moya: desfiguro e impertinencia

  • hace 1 día
  • 3 min de lectura
Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa. Foto tomada del FB Rubén Rocha Moya
Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa. Foto tomada del FB Rubén Rocha Moya

Un día después de haber retomado el cargo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó al Congreso del estado que le conceda “licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días. En su carta al presidente de la diputación permanente local, el mandatario no ofreció ningún motivo y se limitó a fundamentar su petición en el artículo 50, fracción VIII, de la Constitución de la entidad.


Unas horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó en redes sociales un mensaje en el cual critica a quienes ponen intereses personales por encima de los del pueblo y de la nación, sobre todo “cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder”.


Asimismo, advirtió que “el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo termina enfrentándose a la historia. México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la nación es eterna”. Aunque la mandataria no dirigió la reprimenda a nadie, resulta evidente que su destinatario inmediato es quien el viernes retomó de manera sorpresiva el cargo tras la licencia solicitada cuando Estados Unidos solicitó su extradición debido a supuestos vínculos con el crimen organizado en abril pasado. El mismo Rocha Moya se dio por aludido al hacer pública su solicitud de licencia acompañada de la frase “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”.

Apenas el martes, la Presidenta informó que las autoridades estadunidenses no han enviado información sobre el caso del gobernador ni sobre la orden de detención urgente con fines de extradición que emitieron, y que el funcionario se mantenía en licencia por su propia determinación de no poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa mientras siga el proceso iniciado por Washington. En conferencia de prensa, la titular del Ejecutivo reiteró que Rocha Moya debería tomar cualquier determinación sobre su cargo, e informarlo de forma oportuna.


Cabe recordar que en México cada entidad federativa es soberana en su gobierno interno y que Rocha Moya no ha sido formalmente acusado de nada, ni en tribunales de México ni de Estados Unidos, por lo que en los planos jurídico e institucional su licencia fue una decisión estrictamente personal. Asimismo, está comprobado que los señalamientos de la Casa Blanca de Trump tienen más motivaciones propagandísticas que justicieras. Sin embargo, el gobernador no puede ignorar que su regreso abrupto constituyó una bravuconada, una ruptura de sus compromisos con la estabilidad del gobierno sinaloense, un regalo a la oposición política y mediática y, lo más grave, un golpe al margen de maniobra de México en momentos en que se negocia un asunto de tanta importancia como el Tratado de Libre Comercio con nuestro principal socio. En este sentido, vale recordar que Rocha Moya no es un improvisado en la arena política, sino un profesional de ésta que ha mostrado una gran capacidad para reinventarse tras los reveses: perdió en dos ocasiones la carrera por la gubernatura, ascendió en el escalafón burocrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa hasta ocupar la rectoría, fue asesor de dos ex mandatarios estatales, pasó por el Senado y se convirtió en gobernador en su tercer intento, en 2021.


Con estos antecedentes, es claro que conocía las consecuencias de su inopinado retorno y decidió pasarlas por alto por motivos que sólo él conoce. Al hacerlo, dio una muestra de frivolidad, de impertinencia y de una aguda carencia de la altura de miras que distingue a los estadistas de quienes usan la política como un instrumento al servicio de sus propios intereses. Más allá del ruido mediático generado por el gobernador, su efímero regreso, el desfiguro, debe servir como llamada de atención al partido gobernante para fortalecer los filtros en la selección de sus candidatos, con un énfasis en los principios por encima de consideraciones electoreras.


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