Aumentan 26% los anexos en Querétaro
Padrón estatal pasó de 264 a 332 establecimientos en tres años, según el CECA

Anexos y centros residenciales para la atención de adicciones en Querétaro crecieron 25.7 por ciento en los últimos tres años. Datos del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) muestran que el padrón estatal pasó de 264 centros registrados en 2024 a 312 en 2025 y alcanzó 332 durante 2026, lo que representa un incremento de 68 establecimientos en ese periodo.
De ellos, solo siete de los 332 establecimientos registrados en el estado cuentan con el reconocimiento de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), la certificación federal que avala el cumplimiento de normas de atención y respeto a los derechos humanos.
Del total de centros registrados este año, únicamente siete cuentan con el reconocimiento Conasama, equivalente al 2.1 por ciento del padrón estatal. De ellos, cinco se encuentran en el municipio de Querétaro y dos en San Juan del Río.
Este reconocimiento federal certifica que los establecimientos cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 y operan bajo condiciones que garantizan la seguridad de los usuarios, la legalidad de los internamientos y el respeto a los derechos humanos durante los procesos de rehabilitación.

La mayor concentración de anexos se localiza en el municipio de Querétaro, con 162 establecimientos, seguido por San Juan del Río con 57 y Corregidora con 33. También destacan El Marqués con 21, Tequisquiapan con 15 y Ezequiel Montes con 14 centros registrados.
En menor proporción aparecen Colón con nueve establecimientos; Amealco y Jalpan de Serra con cinco cada uno; Pedro Escobedo y Cadereyta con cuatro; mientras que Huimilpan, Pinal de Amoles y Tolimán reportan un centro cada uno.
SUPERVISIÓN DE LOS ANEXOS
El protocolo de supervisión del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) se activa a partir de denuncias ciudadanas o reportes sobre posibles irregularidades en centros de rehabilitación.
Como parte de este mecanismo, el Comité Mixto realiza inspecciones cada viernes en los establecimientos señalados, con el objetivo de verificar que cuenten con la infraestructura adecuada, cumplan con las medidas de Protección Civil y respeten la Norma Oficial Mexicana aplicable.
En los casos donde se detectan faltas graves o condiciones que representen un riesgo para los usuarios, las autoridades pueden imponer suspensiones temporales o incluso la clausura definitiva de los centros.















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