El Ejecutivo plantea ajustes a reforma judicial y aplazar elección a 2028
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A unas semanas de vencer el plazo constitucional para una reforma sobre la próxima elección judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la presentación de una iniciativa para cambiar el proceso –está prevista para 2027, al mismo tiempo que los comicios intermedios– al 4 junio de 2028.
La propuesta incluye diversos ajustes. Por ejemplo, tras la eliminación de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se plantea crear dos secciones que “desahogarán asuntos menores para que el pleno pueda eficientar sus trabajos”.
También permitiría que la elección judicial sea concurrente con un posible proceso de revocación de mandato presidencial; contempla ajustes como simplificación de la boleta, reducción del número de candidatos y la creación de una comisión coordinadora para homologar las metodologías y criterios de evaluación de los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión.
Luego de que los consejeros del Instituto Nacional Electoral advirtieron que empalmar los comicios judiciales con los ordinarios –en los que se elegirán 17 gubernaturas, diputados federales y miles de diputaciones locales y presidencias municipales– incrementará los costos de organización de las votaciones, la Presidenta explicó que más que una cuestión presupuestal, la modificación busca facilitar la forma de ejercer el derecho a elegir a los juzgadores.
Expuso que de realizarse los comicios el próximo año, se tendrían que definir casillas para los intermedios y colocar en sitios distintos las urnas para el proceso judicial, ya que en este último no se permite la presencia de representantes de partidos políticos.
Se trata de “mover la elección del Poder Judicial de 2027 a 2028; en caso de que haya revocación de mandato en 2028, se hace el mismo día y en la misma casilla, y hay algunas modificaciones para facilitar la boleta, por las características que tuvo la votación de 2025, de tal manera que la votación sea más sencillo para los electores”.
Entre los cambios incluidos en la iniciativa elaborada por la Consejería Jurídica de la Presidencia, se establece que el escrutinio y cómputo de votos de la elección judicial deberá hacerse en la misma casilla, no en una sede distrital, como sucedió en 2025.
Para la evaluación de aspirantes, los comités integrados por cada uno de los tres poderes de la Unión nombrarán a un representante que será parte de la comisión coordinadora que acordará criterios y metodologías unificadas de evaluación, aunque cada comité seguirá con la elaboración de sus propias listas de aspirantes que cumplen con los requisitos para participar.
Además, se define que habrá capacitación permanente obligatoria de todos los juzgadores electos; se adelanta tres meses el plazo del Senado para emitir la convocatoria y se aclara que cuando jueces y magistrados se ausenten por fallecimiento, renuncia o destitución, se elegirán dichos cargos en la elección siguiente.
La iniciativa de reforma constitucional será remitida a la Cámara de Diputados, que deberá iniciar su discusión en un periodo extraordinario de sesiones.
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